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SANTO DOMINGO.- La posibilidad de que en la Cámara de Diputados se solicite al Tribunal Constitucional (TC), una prórroga para adaptar la Ley que rige el Código Procesal Penal es inviable advirtieron abogados.
Los juristas consultados rechazaron esta propuesta tras consideran que la Alta Corte le dio un plazo de un año al Congreso para que hicieran todas las adecuaciones que entendieran necesarias.
El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Pontentini, explicó que está petición haría que el TC se aboque a conocer un recurso de revisión sobre su propia decisión algo que es contrario a lo que ya había establecido en 2024 cuando declaró antijurídica la Ley 10-15 por vicios de forma a lo que incurrieron durante su aprobación.
Vidal Pontentini explicó que lo que se ha tratado de hacer en la sede legislativa con el Código Procesal Penal es «integral una contra reforma lo cual es inamisible como la prisión preventiva que lo que quiere es ampliarla, entre otros aspectos».
En ese orden, el abogado manifestó que favorece que se reincorpore sin cambios la Ley 10-15 de conformidad con lo que establece la Constitución que es aprobarla como ley orgánica.
Pontentini agregó que una vez se cumpla con el mandato del Tribunal Constitucional, los legisladores pueden dar apertura a otras discusiones si así lo consideran para hacer cambios, «pero ahora lo que se impone no es propiciar una prórroga porque estaríamos violando la constitucionalidad y llevando al tribunal a ese despropósito».
De su lado, el también abogado Valentín Medrano, subrayó que hacer extensiva la decisión de cumplir la sentencia es una extra limitación que constituye una violación sobre otra violación.
Asimismo, criticó que en el Congreso no se centren únicamente a lo que el tribunal hizo referencia que fue la forma de adopción y estén tocando otros puntos para incorporarlo en la legislación, creando una ley «natimuerta» en el ámbito constitucional.
«Las procuras del Congreso representan un oprobio (deshonra o vergüenza pública), un retroceso, una contra reforma, un abuso al colectivo y el surgimiento de una dictadura dentro de una apariencia de democracia, pues representanta el asesinato del Estado democrático y de derechos que reza en las letras constitucionales», enfatizó.
Valentín añadió que pretende solicitar más tiempo es una muestra más de desacato a las decisiones de la Alta Corte que establecen que las sentencias se cumplen el día que la norma o la decisión jurisdiccional y tienen carácter de improrrogables.
«Por ende, no va lugar a ampliación de plazo, pero esto último sería menos grave que la aprobación de este adefesio contra derechos», concluyó.
Sin embargo, para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, es el propio tribunal que debe determinar la viabilidad de si es correcto o no otorgar un nuevo plazo al Congreso.
Servio Tulio afirmó que si los diputados se abocan a ratificar la decisión del Senado se generarán muchos recursos de inconstitucionalidad, que a su juicio es lo que se quiere evitar al perseguir que se le otorgue un nuevo plazo.
«Yo creo que en esta ocasión lo que se está tratando de resolver un impasse que se ha presentado frente a una decisión que dio el Tribunal Constitucional en donde estableció un plazo de un año para que se pudiese realizar un trámite legislativo», sostuvo.
Los diputados tienen un plazo fatal que se le vence este próximo jueves 11 de diciembre; si solicitan una prórroga y le es denegada queda eliminada la Ley 10-15 y entra en vigencia de manera automática la normativa 76-02.
Esto se evitaría si los legisladores aplican «su plan B» y reincorporar la reforma del año 2015, pero está vez como una ley orgánica aprobada en ambas cámaras legislativas que fue el procedimiento que se violó y por lo que fue declarada antijurídica.
JSB/
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