InfoexpressPanorama Judicial. La firma de abogados Attorneysal y CESI Internacional, con el auspicio de la Financial & International Business Association (FIBA), presentaron este martes la Guía Práctica de la Prevención Penal Corporativa, una publicación concebida para orientar a las empresas dominicanas sobre la identificación y gestión de los nuevos riesgos penales que establece el Código Penal.
La puesta en circulación se realizó durante el Conversatorio Empresarial sobre la Prevención Penal Corporativa, celebrado en el Salón Oval de la Biblioteca Cardenal Beras Rojas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), con la participación de empresarios, abogados y especialistas en cumplimiento corporativo.
Previp a la actividad, el abogado litigante y exfiscal del Distrito Nacional, Gustavo A. de los Santos Coll, explicó que la guía fue creada para concienciar a las empresas, tanto sujetos obligados financieros como no financieros, sobre el alcance de la responsabilidad penal corporativa contemplada en el nuevo Código Penal.
Precisó que, aunque el Código Penal entrará en vigor el próximo 3 de agosto, la aplicación de las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal empresarial fue aplazada hasta el 3 de noviembre, lo que brinda a las organizaciones un período para prepararse e implementar mecanismos de prevención.
De los Santos Coll señaló que la principal novedad consiste en que las empresas deberán desarrollar programas de prevención penal adaptados a su actividad económica, comenzando por la elaboración de un mapa de riesgos que identifique las posibles conductas delictivas a las que pudieran estar expuestas.
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Explicó que, a partir de ese diagnóstico, las organizaciones deberán implementar manuales de prevención y controles internos que reduzcan la posibilidad de cometer infracciones penales y permitan demostrar que actuaron con la debida diligencia.
El especialista afirmó que estos programas no solo benefician a las empresas, sino también a sus colaboradores, al establecer procedimientos que disminuyen el riesgo de que empleados o directivos incurran en conductas ilícitas durante el ejercicio de sus funciones.
Como ejemplo, mencionó que las empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado deberán fortalecer sus mecanismos de transparencia para prevenir delitos como el soborno, mediante políticas internas claras y sistemas de supervisión.
La guía, elaborada por Gustavo A. de los Santos Coll y el abogado Lionel Correa Tapounet, ofrece criterios básicos para identificar vulnerabilidades, organizar controles y comprender los componentes esenciales de un programa de prevención penal corporativa. No obstante, sus autores aclararon que el documento constituye una herramienta inicial y que cada empresa deberá realizar un diagnóstico individual, acorde con su tamaño, sector económico y nivel de riesgo.
Durante el conversatorio también se abordaron temas relacionados con las funciones del oficial de prevención de riesgos penales, las responsabilidades de los órganos de dirección y la importancia de documentar las decisiones empresariales como parte de una estrategia integral de cumplimiento.
Al ser consultado sobre la cesantía laboral, De los Santos Coll indicó que ese tema no formó parte del objeto del conversatorio y explicó que existen posiciones encontradas entre los sectores empresariales respecto a una posible reforma, por lo que evitó fijar una postura al señalar que su participación estuvo centrada en los aspectos del nuevo Código Penal y la prevención penal corporativa.
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