Panorama Judicial. El jurista Fabio J. Guzmán Ariza, director del primer Diccionario Jurídico Dominicano (DJD), destacó que la obra nace con el propósito de convertirse en una herramienta de consulta no solo para abogados y estudiantes de Derecho, sino también para cualquier ciudadano interesado en comprender las normas y expresiones jurídicas que rigen la sociedad dominicana.
Durante la presentación de la obra, Guzmán Ariza explicó que uno de los principales retos del proyecto fue determinar qué vocabulario debía incorporarse. Señaló que el diccionario evita incluir términos correspondientes a instituciones que ya no están vigentes, aunque contempla excepciones cuando esas denominaciones continúan apareciendo en textos legales y son necesarias para interpretar correctamente el derecho positivo. Citó como ejemplos «Secretaría de Estado», cuya entrada remite a «Ministerio», y «Alcaldía», utilizada antiguamente para referirse a un tribunal inferior, que remite a «Juzgado de Paz».
El jurista resaltó que la elaboración del diccionario estuvo guiada por la necesidad de alcanzar un equilibrio entre precisión jurídica y claridad. En ese sentido, vinculó la obra con el movimiento de lenguaje claro que promueven el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como con los acuerdos suscritos con la Real Academia Española y la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.
«Comprender las normas que nos rigen no debe ser un privilegio de los juristas, sino un derecho de toda la ciudadanía», afirmó Guzmán Ariza, al considerar que el acceso a un lenguaje jurídico comprensible está estrechamente relacionado con el debido proceso y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Uno de los desafíos más complejos durante la preparación de la obra fue el tratamiento de las definiciones contenidas en las leyes dominicanas. Guzmán Ariza explicó que, mientras tradicionalmente el derecho dominicano recurría a definiciones generales que dejaban margen a la interpretación judicial, en las últimas décadas la legislación ha incorporado numerosas definiciones cerradas y detalladas, siguiendo una tendencia de inspiración anglosajona.
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A juicio del director del diccionario, este modelo puede generar rigidez y dificultar la evolución de los conceptos jurídicos. También advirtió sobre las deficiencias de redacción presentes en algunas definiciones legales dominicanas, por lo que el equipo optó por corregir errores y simplificar el lenguaje, procurando conservar el sentido jurídico original e indicando siempre la fuente normativa para que el usuario pueda consultar el texto de la ley.
Guzmán Ariza sostuvo que el propósito fundamental fue lograr que el lenguaje jurídico sea «a la vez correcto y comprensible».
Una obra que nace con fecha de actualización pendiente
El director del proyecto reconoció que todo diccionario nace con cierto rezago frente a la evolución del lenguaje, pero que en el ámbito jurídico este fenómeno ocurre con mayor rapidez debido a los constantes cambios legislativos y jurisprudenciales.
Explicó que el Diccionario Jurídico Dominicano tiene como fecha de corte el 7 de agosto de 2025, una decisión necesaria para poder concluir la obra después de años de trabajo. Debido a ello, no fueron incorporadas varias reformas y leyes aprobadas posteriormente, entre ellas la Ley 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; el nuevo Código Procesal Penal; la Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como modificaciones posteriores al Código Penal.
El jurista relató que, incluso después de concluido el trabajo de los especialistas, tuvo que revisar personalmente el Código Penal y definir los nuevos tipos penales para evitar que la obra saliera sin referencias a esas infracciones.
Ante esta situación, Guzmán Ariza consideró indispensable crear un equipo permanente que dé seguimiento a las reformas legislativas y a la evolución de la jurisprudencia, con el objetivo de preparar actualizaciones periódicas del diccionario.
«Todo diccionario nace viejo», expresó, al explicar que el lenguaje jurídico puede envejecer incluso más rápido que el lenguaje general debido al ritmo de aprobación y modificación de las leyes. Por ello, planteó la necesidad de establecer un mecanismo de actualización continua que permita mantener vigente esta primera obra académica general dedicada al derecho dominicano.
El Diccionario Jurídico Dominicano se presenta así como una herramienta destinada a facilitar la comprensión del lenguaje jurídico y acercar el contenido de las normas a la ciudadanía, bajo la premisa de que conocer y comprender el Derecho constituye una condición esencial para el ejercicio pleno de los derechos.




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