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SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que la protección del medio ambiente constituye un deber ético, social y económico de primera necesidad, al destacar que el nuevo Código Penal (Ley 74-25) representa un cambio de paradigma al establecer responsabilidad penal directa para las empresas que dañen el entorno natural.
Durante su ponencia titulada “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, impartida este jueves en un hotel de la capital, la magistrada explicó que el nuevo marco jurídico coloca la sostenibilidad y la diligencia penal ambiental en el centro de la gestión empresarial, obligando a las compañías a asumir un compromiso activo con la preservación de los recursos naturales.
“Garantizar un medio ambiente sano no es solo una cuestión administrativa o de buena voluntad; ahora es también una responsabilidad penal. El ciudadano y las empresas tienen la obligación de prevenir, reparar y evitar daños al entorno”, enfatizó Ramos.
La fiscal explicó que el régimen de responsabilidad ambiental vigente en la legislación dominicana abarca los daños causados por las actividades humanas que deterioran los ecosistemas, los recursos naturales o la salud de las personas, y recordó que estas conductas pueden producir sanciones severas, incluyendo multas millonarias, suspensión o clausura de operaciones y prisión para sus responsables.
Ramos destacó que la Ley 74-25, que moderniza el Código Penal, refuerza la persecución de delitos ambientales, complementando el marco legal ya existente a través de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y subrayó que este avance marca un antes y un después en la cultura jurídica y empresarial del país.
“El nuevo Código Penal nos da herramientas para proteger los recursos de la nación y perseguir penalmente a quienes los destruyen. Las empresas deben entender que el cumplimiento ambiental ya no es opcional ni un mero requisito burocrático; es un mandato legal”, afirmó.
La titular del Distrito Nacional advirtió que las compañías que mantengan una actitud reactiva o negligente frente al cumplimiento ambiental podrían enfrentar graves consecuencias penales por falta de prevención, gestión deficiente de residuos, contaminación o uso indebido de recursos naturales.
Asimismo, destacó la necesidad de que las empresas institucionalizan políticas de cumplimiento ambiental, con sistemas de monitoreo, control de vertidos, trazabilidad de residuos y planes de respuesta ante incidentes.
Según explicó, el cumplimiento proactivo no solo evita sanciones, sino que fortalece la reputación corporativa y promueve un desarrollo económico sostenible.
“Cada empresa debe asumir que proteger el medio ambiente es parte esencial de su misión. Quien actúe con responsabilidad será parte de la solución; quien ignore la ley, enfrentará las consecuencias”, enfatizó Ramos.
Asimismo, destacó la importancia de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, órgano especializado en representar los intereses del Estado en esta materia, y llamó a reforzar la cooperación entre el sector público y privado para garantizar un sistema de cumplimiento efectivo y transparente.
Reiteró que la responsabilidad ambiental es un compromiso compartido entre Estado, sociedad y empresas, y que el cumplimiento de la ley no solo busca castigar, sino crear conciencia y fomentar la prevención.
JSB/
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