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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de casación interpuestos por varios de los condenados por su implicación en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional, caso investigado por el Ministerio Público bajo la denominada Operación 13.
La alta corte acogió los argumentos jurídicos presentados por el Ministerio Público y confirmó la condena de cinco años de prisión impuesta a William Lizandro Rosario Ortiz por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante sentencia del 14 de marzo de 2024.
Rosario Ortiz fue hallado culpable de violar los artículos 179, 180, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 3 y 5 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, al comprobarse su responsabilidad en el soborno a funcionarios públicos, con pruebas suficientes que destruyeron su presunción de inocencia.
Asimismo, la Suprema Corte declaró culpable al coimputado Eladio Batista Valerio por violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, condenándolo a tres años de reclusión, con suspensión total y condicional de la pena, bajo las reglas que establezca el juez de ejecución. La corte advirtió que cualquier incumplimiento o nueva infracción podría conllevar la revocación de la suspensión y el cumplimiento íntegro de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El alto tribunal también condenó a Rosario Ortiz y Batista Valerio al pago de las costas penales del proceso. En el expediente figuran además Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos y fueron condenados a cinco años de prisión, tres de cumplimiento efectivo y dos suspendidos. Miguel Mejía y Rafael Mesa recibieron condenas de cinco años bajo la modalidad de pena suspendida.
La decisión, identificada con el número SCJ-SS-25-1227 y emitida el 31 de octubre de 2025, fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, y fue notificada al Ministerio Público.
Durante las audiencias ante la Suprema Corte, el órgano acusador estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, la procuradora de Corte Mirna Ortiz Fernández y los fiscales Miguel A. Crucey Rodríguez, Andrés Octavio Mena, Yudelka J. Holguín Liz y Alexis Piña Echavarría.
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