Se acerca el final del juicio de fondo contra militares, policías y civiles tras casi dos años

SANTO DOMINGO.- Se acerca el final del juicio de fondo contra militares, policías y civiles casi dos años después, en un proceso que se ha desarrollado ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes.

El tribunal continúa este jueves con el juicio, el cual inició el 27 de junio de 2024 y se ha celebrado en audiencias consecutivas y sucesivas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal, que disponen que las audiencias deben realizarse sin intervalos mayores a 10 días.

El 27 de julio del 2026 esta fase procesal del caso estaría cumpliendo dos años de litigios.

El proceso se realiza los martes y jueves de cada semana, y actualmente se encuentra en su fase final, con la presentación de las conclusiones y argumentos de las partes.

Hasta el momento, han formalizado sus peticiones el Ministerio Público, los querellantes y actores civiles, así como varias de las defensas técnicas, incluyendo las del general Adán Cáceres Silvestre, la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Epifanio Peña Lebrón, Erasmo Roger Pérez, Kerma Santana y Hacienda Kelman, Rosy Guzmán.

Asimismo, el policía Taner Antonio Flete, Esmeraldo Ortega Polanco, Juan Hergez Reyes Batista, Franklin Antonio Mataflores, Julio Camilo de los Santos Viola, Raimel Pastor de Rosario Viola, Lucía de los Santos, Beatriz Soto de los Santos, Manuel de Jesús Alba Solano, Emmanuel Antonio Alba Trinidad, Élida María Trinidad Santiago, Carlos Augusto Lantigua, José Manuel Rosario Piron.

También Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Pedro Roberto Castillo, Juan Carlos Torres Robiú, Guillermo de Jesús Torres Robiú y las personas jurídicas Agroindustrial y Raúl Importadores.

En esta etapa corresponde el turno a la defensa técnica del coronel Rafael Núñez de Aza, Eric Daniel Pereira, Johanna Lucía Rodríguez y Alejandro José Montero Cruz.

De igual manera a los abogados representantes de Universo Empresarial, Andor Glass Aluminium y Randall International Company, quienes presentarán sus discursos de clausura.

El Ministerio Público solicita condenas de entres 5, 10, 15 y 20 años para los presuntos responsables de sustraer del erario público más de 4,500 millones de pesos.

Mientras que los abogados del Estado solicitaron que sean condenados al pago de una indemnización superior a los 20 mil millones de pesos por los alegados daños causados.

El día de hoy, una abogada del bufete de Félix Portes, en representación de la acusada Johanna Lucía Rodríguez Jiménez, sostuvo que la justicia debe basarse en pruebas y no en inferencias ni vínculos personales o familiares.

Argumentó que el hecho de que su clienta tenga dos hijos menores con el coronel Rafael Núñez de Aza, señalado como presunto cerebro financiero de la estructura, no constituye un delito ni puede ser considerado como prueba de responsabilidad penal.

Afirmó que a lo largo del proceso no se ha demostrado que Rodríguez Jiménez haya cometido un delito precedente que permita vincularla a los hechos imputados, considerando que nunca ocupó funciones que le permitieran manejar recursos, expedientes o personal dentro del Estado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta estructura criminal habría sido encabezada por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre e integrada por otros militares, policías, civiles y religiosos, quienes presuntamente desviaron recursos de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para beneficio personal.

El tribunal continúa escuchando los discursos de clausura y las réplicas de las defensas frente a la acusación del Ministerio Público, antes de retirarse a deliberar y emitir su decisión en este caso de alto perfil.

NLP/