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BARAHONA.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona aplazó para el 4 de noviembre la audiencia de medida de coerción contra Deurys Misael Florián Matos y Ángel Adriano Báez, acusados de sustraer alrededor de RD$29 millones de una sucursal del Banco de Reservas en esta ciudad.
El aplazamiento fue solicitado por los abogados defensores de los imputados, quienes pidieron tiempo adicional para presentar presupuestos y analizar el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, ambos hombres formaban parte de un presunto esquema de fraude interno, mediante el cual habrían manipulado el sistema contable de la entidad financiera para realizar traspasos falsos desde la caja bóveda No. 54, simulando operaciones legítimas.
El procurador fiscal de Barahona, Wellington Matos Espinal, informó que una auditoría interna del banco permitió detectar las irregularidades, confirmando la sustracción de los fondos. La investigación también identificó a una tercera persona aún prófuga, presuntamente implicada en el caso.
El proceso fue declarado complejo por la magistrada actuante debido a la magnitud del presunto desfalco y al periodo en que se habrían ejecutado las maniobras fraudulentas, comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2025.
Según las pesquisas, Florián Matos, quien laboraba como oficial de caja, habría generado comprobantes falsos por RD$10.8 millones y RD$13 millones, mientras que Báez, cajero principal, supuestamente facilitó información confidencial y utilizó credenciales ajenas para encubrir los movimientos irregulares.
El Ministerio Público también vinculó al excolaborador Wanderson Natanael Medina Capellán, acusado de participar en depósitos y pagos irregulares hacia cuentas personales y de allegados, como parte del entramado financiero ilícito.
Durante los allanamientos realizados por las autoridades se ocuparon carteras con documentos personales, tarjetas bancarias, licencias de armas, una pasola Honda Lead color azul y un reloj marca Fossil, entre otras evidencias que serán presentadas durante el proceso judicial.
La jueza María Consuelo Valenzuela, de la Oficina de Atención Permanente, acogió la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa y será quien decida sobre la petición del Ministerio Público de imponer prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados.
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