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José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que le explique cómo se obtuvo en Estados Unidos el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyos mensajes se han convertido en una de las principales pruebas de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. El expresidente reclama conocer quién autorizó la extracción del dispositivo, cómo se realizó el volcado de la información y qué mecanismos se emplearon para garantizar la autenticidad de los datos.
La solicitud, presentada ante el juzgado, llega en un momento especialmente relevante para la causa. Ayer mismo, se conoció que el magistrado había solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses autorización para que el contenido del teléfono pueda utilizarse como prueba en un eventual juicio, y no únicamente como material de investigación.
En su escrito, Zapatero denuncia la “parquedad de información” que, a su juicio, existe sobre el origen de una prueba que ha adquirido un peso central en el procedimiento. Por ello, solicita que se detallen las circunstancias exactas en las que se obtuvo el dispositivo, las autorizaciones que permitieron acceder a su contenido y los sistemas de verificación utilizados para garantizar la integridad de los mensajes.
La importancia de ese teléfono radica en que de él proceden varias conversaciones que los investigadores consideran relevantes para esclarecer las gestiones realizadas alrededor del rescate de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado durante la pandemia.
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Entre los mensajes incorporados al sumario figura uno de los que más repercusión ha tenido desde que trascendió la investigación. En él, Rodolfo Reyes afirma: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. En otra conversación, fechada en marzo de 2020, cuando la aerolínea buscaba apoyos para acceder a las ayudas públicas, el empresario escribió: “Delcy que llame a Ábalos o a Zapatero”.
Las referencias al expresidente aparecen en distintos intercambios entre accionistas y directivos vinculados a la compañía. Los investigadores consideran que esas conversaciones podrían reflejar una intervención relevante en las gestiones relacionadas con el rescate. La defensa de Zapatero, sin embargo, centra ahora su estrategia en cuestionar el origen y las garantías jurídicas de una prueba obtenida fuera de España.
Una investigación nacida lejos de la Audiencia Nacional
El teléfono de Rodolfo Reyes no apareció en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. Su origen está en una investigación desarrollada por Homeland Security Investigations (HSI), la agencia estadounidense especializada en delitos financieros y redes internacionales de corrupción.
La operación comenzó en 2018 y estaba dirigida contra una trama de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas sospechosas de participar en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, la corrupción y la ocultación de activos. En ella colaboraban autoridades de varios países, entre ellos España, Francia, Suiza, Andorra y Portugal.
Una de las líneas de trabajo se centró en Reyes, accionista de Plus Ultra y actualmente sujeto a una orden internacional de búsqueda y captura. Según la documentación incorporada a la causa, los investigadores estadounidenses lo relacionaban con presuntas operaciones realizadas a través de entidades como Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank.
Fue durante esas pesquisas cuando las autoridades estadounidenses obtuvieron una extracción del teléfono móvil del empresario. Aunque inicialmente la actuación estaba vinculada a otras investigaciones, el análisis del dispositivo reveló comunicaciones que posteriormente fueron consideradas de interés para las autoridades españolas.
El 18 de marzo de 2026, Homeland Security Investigations remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el contenido íntegro del teléfono. Los agentes españoles incorporaron entonces esa información a los informes que estaban elaborando sobre el rescate de Plus Ultra. De hecho, los dos informes policiales que sirvieron de base para la imputación de Zapatero se apoyan en gran medida en los mensajes encontrados en ese terminal.
Según la UDEF, la información llegó a través de los mecanismos de cooperación policial internacional. En uno de los informes incorporados al procedimiento se explica que la oficina de HSI con sede en la Embajada de Estados Unidos en Madrid comunicó a los investigadores españoles la existencia de material que podía resultar de interés para sus pesquisas.
Las autoridades estadounidenses consideraron que la información obtenida podía ser útil para una investigación que tenía entre sus protagonistas a Rodolfo Reyes y decidieron compartirla tras obtener las autorizaciones necesarias.
El juez busca blindar la validez de los mensajes
Aunque los mensajes ya forman parte de la investigación, el juez Calama ha decidido dar un paso adicional para reforzar su validez jurídica. El pasado 5 de junio acordó solicitar cooperación judicial internacional a Estados Unidos para obtener una autorización expresa que permita utilizar el contenido del teléfono como prueba en un eventual juicio oral. La comisión rogatoria será tramitada con la colaboración de Eurojust.
La iniciativa responde a una cuestión procesal habitual cuando una investigación incorpora pruebas obtenidas en otro país. Los datos facilitados por cuerpos policiales extranjeros pueden servir para orientar una investigación, pero su utilización posterior en un proceso penal requiere cumplir determinados requisitos legales.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, ha solicitado «cooperación jurídica internacional» a Estados Unidos para utilizar «como medio de prueba» el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea.
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Por ese motivo, el magistrado pretende asegurarse de que los mensajes puedan ser utilizados con plenos efectos procesales si la causa llega a juicio. En su resolución, explica que la información aportada por autoridades policiales extranjeras puede funcionar como fuente de investigación, pero necesita una adecuada incorporación al procedimiento para convertirse en prueba judicial.
La decisión no supone ningún avance sobre el fondo de la causa ni implica una valoración sobre la responsabilidad de los investigados. Sin embargo, sí afecta a uno de los elementos más sensibles del procedimiento: la validez de una prueba que ha pasado a ocupar un lugar central en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
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