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SANTO DOMINGO. – El tribunal que conoce el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo contra los imputados del caso.
Así lo establece la decisión judicial en su ordinal décimo primero, donde se advierte al órgano acusador que el plazo comienza a contarse a partir de la notificación de la resolución.
En el mismo fallo, el tribunal precisó que la medida de coerción de arresto domiciliario impuesta a algunos de los imputados tendrá una duración máxima de ocho meses, salvo que un tribunal competente, y en caso de que varíen los presupuestos que dieron origen a su imposición, decida sustituirla por una medida más gravosa o dejarla sin efecto.
La disposición forma parte del proceso que investiga un presunto entramado de corrupción que habría provocado un desfalco millonario en SeNaSa, expediente en el que el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Mientras tanto, continúan vigentes las medidas de coerción dictadas contra los imputados, en tanto avanza el proceso judicial.
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