Panorama Nacional. Mientras miles de personas disfrutan de playas, hoteles y destinos turísticos durante las vacaciones, para otras ese mismo escenario representa el inicio de una pesadilla. Detrás del movimiento constante de visitantes, la migración y la vulnerabilidad social, las redes de trata de personas continúan encontrando espacios para captar y explotar víctimas en República Dominicana.
Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) advirtió que los principales focos de riesgo se mantienen en zonas turísticas, la provincia de Dajabón y los bateyes, donde convergen condiciones que facilitan la operación de estas estructuras criminales.
El organismo sostiene que la trata sigue siendo una realidad silenciosa que rara vez se percibe a simple vista. Las víctimas no siempre aparecen encadenadas ni retenidas contra su voluntad. Muchas llegan engañadas por falsas promesas de empleo, oportunidades económicas o relaciones sentimentales que terminan convirtiéndose en explotación.
El informe anual de la CNDH-RD revela que el 98 % de las víctimas identificadas son mujeres, principalmente jóvenes entre los 14 y 30 años, muchas de ellas extranjeras y en condiciones de alta vulnerabilidad.
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La organización advierte que las redes criminales aprovechan la pobreza, la violencia de género, la migración irregular, la falta de documentación y la exclusión social para captar personas que luego son sometidas a explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre, mendicidad forzada y otras formas de esclavitud moderna.
Uno de los aspectos que más preocupa es la transformación de las formas de captación. Si antes predominaban los contactos personales, hoy el primer acercamiento suele producirse desde la pantalla de un teléfono celular.
La CNDH-RD alerta sobre el creciente uso de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, utilizadas para atraer principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes mediante ofertas laborales, falsas oportunidades de viaje o relaciones afectivas que terminan siendo parte del mecanismo de explotación.
El informe también pone el foco sobre los polos turísticos del país, donde el flujo constante de visitantes, la movilidad laboral y la presencia de personas en situación de vulnerabilidad crean condiciones que pueden ser aprovechadas por estas organizaciones criminales.
A ello se suman Dajabón, por su dinámica fronteriza, y los bateyes, donde persisten condiciones sociales que dificultan la identificación temprana de las víctimas y facilitan la actuación de estas redes.
Aunque la Constitución dominicana prohíbe expresamente la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas, la Comisión considera que todavía existen importantes desafíos para detectar a las víctimas, garantizar su protección integral y llevar ante la justicia a quienes dirigen estas estructuras.
«La trata de personas no es una estadística. Es la esclavitud del siglo XXI», advierte el organismo en su informe, al señalar que cada víctima que permanece sin identificar representa un fracaso institucional y cada tratante que continúa en libertad fortalece estas redes criminales.
La entidad exhortó a reforzar la identificación temprana de víctimas, ampliar los refugios especializados, garantizar atención médica, psicológica y jurídica gratuita, investigar el patrimonio económico de las organizaciones dedicadas a este delito y fortalecer la persecución penal para reducir los niveles de impunidad.
Para la Comisión, erradicar la trata de personas requiere mucho más que operativos policiales. Implica prevención, educación, cooperación entre instituciones y una respuesta permanente del Estado frente a un delito que, aunque muchas veces permanece invisible, continúa arrebatando la libertad y el proyecto de vida de cientos de personas.





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