InfoexpressPanorama Nacional. Han pasado siete meses desde que Brianna Genao desapareció el 31 de diciembre de 2025. Siete meses de búsquedas, operativos, interrogantes y una familia que continúa esperando la respuesta más importante: dónde está la niña.
Su desaparición no solo estremeció a la comunidad de Barrero, en Imbert, Puerto Plata. También reabrió un debate que durante años ha acompañado cada caso de menores desaparecidos en República Dominicana: ¿qué tan preparado está el país para responder durante las primeras horas, cuando cada minuto puede marcar la diferencia?
En aquellos primeros días de enero, mientras familiares y comunitarios recorrían caminos, montes y ríos buscando cualquier pista, las críticas se concentraban en la falta de un mecanismo nacional de alerta que permitiera difundir de inmediato la desaparición de un niño en todo el territorio.
En ese momento, República Dominicana aún no contaba con una legislación que regulara un sistema similar a la Alerta Amber, utilizada en otros países para movilizar a las instituciones y alertar de forma masiva a la población cuando desaparece un menor de edad.
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La desaparición de Brianna volvió a colocar ese proyecto sobre la mesa
Meses después, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Alertas para Personas Desaparecidas, conocido como Alerta RD, que incorpora la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes.
La legislación también establece otros mecanismos especializados: la Alerta Silver para adultos mayores, la Alerta Azul para personas con discapacidad y la Alerta Rosa para mujeres desaparecidas en contextos de violencia.
Tras su aprobación en el Congreso, la normativa pasó al Poder Ejecutivo y estableció un período de 90 días para su entrada en vigencia e implementación.
La ley tiene como propósito crear un mecanismo nacional de respuesta rápida que permita activar de manera inmediata la búsqueda de personas desaparecidas, coordinar a las instituciones involucradas y ampliar la difusión de la información para aumentar las posibilidades de localización.
Sin embargo, mientras el plazo para su aplicación transcurre, Brianna sigue desaparecida.
Su caso permanece bajo investigación y, hasta la fecha, las autoridades no han ofrecido una conclusión pública sobre qué ocurrió con la menor.
La preocupación va más allá de las desapariciones
En abril de este año, UNICEF República Dominicana advirtió que el 63 % de los niños y niñas del país está expuesto a métodos de disciplina violenta dentro del hogar, una proporción superior al promedio de América Latina y el Caribe.
A esto se suman otros factores de vulnerabilidad. Un análisis de la Oficina Nacional de Estadística estima que cerca de 205 mil niños, niñas y adolescentes presentan condiciones asociadas a riesgo de trabajo infantil, principalmente en municipios con mayores niveles de pobreza, baja escolaridad y limitaciones de acceso a servicios básicos.
Los organismos especializados coinciden en que la protección de la niñez requiere sistemas de alerta temprana, respuestas coordinadas entre instituciones, acompañamiento a las familias y actuaciones diligentes cuando ocurre una desaparición.
Siete meses después, Brianna sigue sin aparecer. Y mientras una nueva ley espera completar el proceso para convertirse en una herramienta operativa, permanece la misma pregunta que acompañó el primer día de su desaparición: si otro niño desapareciera hoy, ¿está el país listo para responder con la rapidez que exige una emergencia de este tipo?
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