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Santo Domingo, RD. — El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió que sea declarada la extinción de la acción penal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, al considerar que el proceso judicial ha superado el plazo máximo establecido por la legislación dominicana.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, sostuvo que el proceso lleva casi seis años, pese a que el Código Procesal Penal establece un límite de cuatro años para la duración máxima de los procesos, salvo circunstancias que permitan extender ese período. Según explicó, no existe una decisión judicial que atribuya a Rodríguez fuga, rebeldía o maniobras dilatorias que justifiquen la prolongación del caso.
Potentini advirtió que mantener una causa penal durante cinco años o más sin que exista siquiera una sentencia de primera instancia puede afectar garantías fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
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El titular del CARD también destacó la magnitud del expediente del denominado caso Medusa, cuya acusación consta de 12,274 páginas, involucra a 63 imputados y contiene más de 3,500 pretensiones probatorias. A su juicio, la dimensión del proceso dificulta que pueda ser conocido dentro de los plazos establecidos por la normativa procesal.
El gremio rechazó además que el uso de recursos, excepciones e incidentes contemplados por la ley pueda ser considerado automáticamente como una estrategia para retrasar el proceso. Potentini señaló que debe distinguirse entre actuaciones abusivas y el ejercicio legítimo de los mecanismos de defensa reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El Colegio de Abogados argumentó que las deficiencias institucionales o la complejidad de un expediente no deben ser trasladadas al imputado para mantener indefinidamente abierta una persecución penal.
En ese sentido, el CARD afirmó que declarar la extinción del proceso no equivaldría a establecer la inocencia de Rodríguez ni a generar impunidad, sino a aplicar una garantía procesal destinada a impedir que una persona permanezca sometida de manera indefinida al poder punitivo del Estado.
La posición del gremio se suma a pronunciamientos similares de otras organizaciones y juristas que han planteado la necesidad de evaluar la extinción de la acción penal en el caso. Entre ellos figuran Dignidad Jurídica, la Unidad Jurídica Institucional y la Asociación Mundial de Juristas.
El debate también ha sido planteado en el propio proceso judicial. La defensa de Rodríguez ha sostenido que las demoras no son atribuibles al exprocurador y ha señalado actuaciones del Ministerio Público, incluyendo el tiempo empleado para presentar la acusación, solicitudes de prórroga y dificultades relacionadas con la entrega de pruebas. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que no se cumplen las condiciones legales para declarar extinguida la acción penal y ha solicitado que el proceso continúe.
El caso Medusa es seguido contra Rodríguez y otros imputados por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República. La decisión sobre la solicitud de extinción deberá determinar si el proceso continúa hacia el conocimiento del fondo de las acusaciones o si queda cerrado por vencimiento del plazo procesal.
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