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Justicia de EE. UU. desmantela presunta red que convirtió matrimonios falsos en negocio millonario

Nueva York.- Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 11 personas de integrar una estructura que presuntamente convirtió el fraude matrimonial en un negocio internacional, organizando durante aproximadamente una década más de 1,000 uniones simuladas para facilitar la obtención de residencia permanente a ciudadanos extranjeros.

La organización tenía su principal centro de operaciones en Nueva York, pero habría extendido sus actividades a Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, además de realizar gestiones relacionadas con el esquema en China y Vanuatu. La acusación sostiene que la red funcionó al menos desde 2016 hasta julio de 2026.

Según el Departamento de Justicia, los principales clientes eran extranjeros, en su mayoría ciudadanos de China, interesados en obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos mediante matrimonios con ciudadanos estadounidenses que no mantenían una relación sentimental real con ellos. Algunos habrían desembolsado hasta 100,000 dólares por el matrimonio y la asistencia durante el proceso migratorio.

El supuesto entramado funcionaba mediante una división de tareas. Algunos integrantes se encargaban de localizar a extranjeros interesados, mientras otros reclutaban estadounidenses dispuestos a casarse a cambio de dinero. También había personas responsables de preparar documentos y coordinar las solicitudes de residencia permanente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Las autoridades aseguran que los ciudadanos estadounidenses incorporados al esquema podían recibir hasta 30,000 dólares por participar en las uniones ficticias, mientras que los reclutadores obtenían comisiones que podían alcanzar los 5,000 dólares por cada persona captada. Debido a la magnitud de la operación, los investigadores estiman que el grupo habría generado decenas de millones de dólares.

El procedimiento no terminaba con la ceremonia matrimonial. La acusación señala que las parejas fabricaban evidencias destinadas a convencer a las autoridades de que mantenían una relación auténtica. Para ello, presuntamente realizaban sesiones fotográficas, abrían cuentas bancarias conjuntas, colocaban servicios públicos a nombre de ambos, contrataban seguros y presentaban declaraciones de impuestos como matrimonio.

En algunos casos, los supuestos esposos se conocían apenas antes de solicitar la licencia para contraer matrimonio. Cuando USCIS convocaba a las parejas para entrevistas, miembros de la organización presuntamente las preparaban para responder preguntas y ocultar que la relación había sido establecida exclusivamente con fines migratorios.

El Departamento de Justicia identificó entre los acusados a Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Dueñas, Ángela Dueñas, Sigrid Cetino y Erika Johnson, todos residentes en distintas localidades de Nueva York. Diez fueron arrestados el miércoles y estaba previsto que comparecieran ante un tribunal federal en White Plains.

Los investigadores sostienen que la estructura llegó a reclutar a cientos de ciudadanos estadounidenses y provocó la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de Green Card, convirtiéndose, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una de las mayores redes de fraude matrimonial imputadas en el país.

Cada acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, cuya pena máxima es de cinco años de prisión, además de otro por conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, que contempla hasta 10 años de cárcel en caso de condena.

La investigación involucró a varias agencias federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y unidades especializadas de USCIS, junto con autoridades del condado de Westchester. Los cargos constituyen acusaciones y los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras el caso continúa ante la justicia federal.

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