Chelsy Bautista interpone querella contra fiscal y varios agentes por presunto robo en su vivienda
CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.
La acción judicial fue presentada por conducto de su abogado, Dr. Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Nacional.
Además, contra Roberto Cruz Ridore, sargento de la Policía Nacional; Marcos Martínez de Jesús, sargento de la Policía Nacional; Alexis de la Rosa Flores, sargento de la Policía Nacional; Deris Anly Moreno Arias, cabo de la Policía Nacional; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Nacional.
Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.
La acción judicial fue presentada por conducto de su abogado, Dr. Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Nacional.
Además, contra Roberto Cruz Ridore, sargento de la Policía Nacional; Marcos Martínez de Jesús, sargento de la Policía Nacional; Alexis de la Rosa Flores, sargento de la Policía Nacional; Deris Anly Moreno Arias, cabo de la Policía Nacional; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Nacional.
Posteriormente, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una actuación irregular durante el procedimiento.
La querellante sostiene, además, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble, fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.
Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que, hasta el momento, se haya producido una investigación efectiva.
Además del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan grave”, expresó la querellante al referirse a los hechos denunciados.
Acusaciones y medidas legales
En la querella se imputan presuntas violaciones a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores, por lo que la parte querellante solicitó que se imponga la pena máxima correspondiente a los responsables, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados.
Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima, debido a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal.
Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de haber tenido que abandonar temporalmente su residencia y trasladarse a vivir a otro lugar, por miedo y por la sensación de persecución que afirma experimentar.
Indemnización y daños reclamados
Además de la acción penal, la víctima se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización por los daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados, así como por el estado de angustia e inseguridad que asegura haber padecido desde el incidente.
La defensa legal solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, individualizar plenamente a todos los participantes en el operativo y someter a la justicia a los responsables.
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