Cinco directores después, ¿qué tan profunda es la reforma de la Policía?

Panorama Nacional. La reforma de la Policía Nacional lleva años instalada en el discurso oficial como una de las grandes transformaciones del Estado dominicano. Se habla de profesionalización, modernización, mejores patrullajes, tecnología, formación y una institución más cercana a la ciudadanía.

Pero mientras el Gobierno asegura que se trata de la transformación «más profunda» de la Policía en más de nueve décadas,  ¿qué tan profunda puede ser una reforma cuando la institución ha tenido cinco directores generales en seis años?.

Desde que Luis Abinader asumió la Presidencia en agosto de 2020, la dirección de la Policía Nacional ha pasado por Edward Ramón Sánchez González, Eduardo Alberto Then, Ramón Antonio Guzmán Peralta, Andrés Modesto Cruz Cruz y, desde este lunes, Ernesto Rafael Rodríguez García. Cinco nombres para una misma silla. Cinco administraciones policiales con sus propios equipos, prioridades y formas de conducir una institución que, precisamente, necesita estabilidad para consolidar cualquier proceso de transformación.

El primer director designado por Abinader fue Edward Ramón Sánchez González, quien permaneció poco más de un año. Le siguió Eduardo Alberto Then, cuya gestión superó los dos años. Después llegó Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien estuvo alrededor de dos años y tres meses. En febrero de este año, Guzmán Peralta fue sustituido por Andrés Modesto Cruz Cruz. Seis meses después, Cruz Cruz dejó la posición y el Poder Ejecutivo colocó a Ernesto Rafael Rodríguez García al frente de la institución.

La sucesión no constituye, por sí sola, una violación a la ley. La Ley 590-16 establece un período máximo de dos años para el director general, pero también deja en manos del presidente la posibilidad de disponer su separación antes de ese plazo. El asunto, entonces, no es solamente jurídico. Es institucional.

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Una reforma policial no ocurre únicamente con nuevos uniformes, cámaras corporales, más agentes o cambios en los modelos de patrullaje. También requiere continuidad, evaluación de resultados y tiempo suficiente para que las políticas puedan madurar y ser medidas. Y ahí aparece una de las principales contradicciones del proceso.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defiende que la reforma avanza y asegura que el número de agentes aumentó de 34,000 a 46,200, mientras que la presencia policial en labores de patrullaje pasó del 12 % al 31 %. También destaca un nuevo modelo de patrullaje que, según afirma, ha permitido reducir los robos en un 35 % en las zonas donde se aplica de manera piloto. El Gobierno prevé extenderlo a otras 20 demarcaciones antes de que termine el año. A esto se suman un nuevo modelo de formación de dos años para los agentes y la incorporación de 8,000 cámaras corporales. Son cambios importantes sobre el papel.

Pero una reforma de semejante magnitud no se mide únicamente por la cantidad de cámaras instaladas, agentes incorporados o modelos anunciados. Se mide también por la capacidad de una institución para sostenerlos cuando cambia su principal autoridad. Y la Policía ha cambiado de director cinco veces.

A esto se suma otro elemento que no ha pasado inadvertido: Faride Raful permanece al frente del Ministerio de Interior y Policía, pese a que su salida ha sido una de las modificaciones del tren gubernamental reclamadas con mayor insistencia por sectores ciudadanos.

La propia ministra reconoce que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. El Gobierno, entonces sostiene que el país registra actualmente la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales y una de las menores de América Latina. Pero los indicadores de seguridad, aunque fundamentales, no responden por sí solos a todas las preguntas que deja abierta una reforma de esta dimensión.

El ciudadano no solo quiere saber cuántos policías hay en las calles, quiere saber si responden cuando los necesita, si investigan, si respetan sus derechos, si las denuncias reciben seguimiento, si los agentes están suficientemente preparados y, sobre todo, si la institución que debe protegerlo es capaz de generar confianza.

Tarea pendiente en el Congreso

El momento también resulta particular porque el Congreso Nacional acaba de iniciar una nueva legislatura con la reforma de la Policía nuevamente entre las iniciativas pendientes. La propuesta ya tuvo un recorrido accidentado: permaneció meses en el Senado y terminó perimiendo en la Cámara de Diputados al no ser conocida oportunamente.

Así, mientras el Ejecutivo habla de una transformación histórica y la Policía estrena nuevamente director, el Congreso vuelve a tener  la tarea de convertir en ley una reforma que lleva años esperando una definición. La escena deja una imagen difícil de ignorar: una Policía en proceso de reforma, cinco directores en seis años, una ministra cuya permanencia es cuestionada por parte de la ciudadanía y una reforma legal que todavía no consigue convertirse en realidad.