Panorama Nacionales. El control de la migración irregular debe comenzar en la frontera y no trasladarse a las salas de hospitales, donde, según el Colectivo de Migración y Derechos Humanos, una persona debería encontrar atención médica y no convertirse en objeto de un procedimiento migratorio.
El planteamiento fue expuesto durante el encuentro “Voces Solidarias”, realizado por el colectivo para escuchar las posiciones de distintos sectores sobre la situación migratoria en República Dominicana. La organización sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de regular los flujos migratorios, pero advierte que las medidas adoptadas para hacerlo deben respetar la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al protocolo de salud que establece una función migratoria en los hospitales. Para el colectivo, esa disposición coloca en el lugar equivocado una responsabilidad que corresponde a las autoridades encargadas del control migratorio.
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“Los hospitales, desde el punto de vista ético, no pueden tener una instancia migratoria. La instancia migratoria tiene que estar en la frontera, que es donde se debe regular la entrada de personas a la República Dominicana”, planteó Guadalupe Valdés, integrante de la organización.
Cuando se trata de personas que llegan a los centros de salud en condiciones de vulnerabilidad, especialmente mujeres embarazadas, el colectivo considera que una persona que acude a un hospital no debería quedar expuesta a que el espacio destinado a atender su condición médica se convierta también en un punto de control migratorio.
“Cuando una mujer o una persona está enferma, no puede ser desde el hospital tomado para colocarlo en un vehículo que lo lleve a un puesto migratorio, a un punto de salida del país”, sostuvo Valdés.
La organización insiste en que República Dominicana tiene derecho a establecer y hacer cumplir su política migratoria. El punto de discusión, según su posición, está en cómo se aplica esa política y dónde se ejecutan los controles.
“El Estado dominicano debe de cumplir con la ley que está en la responsabilidad de regular la migración, pero esto tiene que darse sobre la base del respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y respetando el debido proceso”, afirmó.
Desde el colectivo también cuestionan los requisitos establecidos para regularizar a personas extranjeras que ya se encuentran en territorio dominicano. Consideran que la acumulación de trámites y exigencias puede terminar produciendo el efecto contrario al que se busca.
“En lugar de poder avanzar hacia un proceso de regularización como el que debe darse en el país, lo que hace es que lo dificulta y lo entorpece”, señaló.



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