Infoexpress
Juan Dolio, San Pedro de Macorís. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó este viernes la intervención inmediata de las autoridades ante las denuncias de presuntos cobros irregulares, ocupación de espacios públicos y desorden en las playas de Juan Dolio, una situación que, según la entidad, afecta desde hace más de un año a visitantes, comerciantes e inversionistas.
Durante una rueda de prensa, el vicepresidente nacional de la CNDH, Rafael Ureña, sostuvo que la falta de acción de las instituciones competentes ha permitido que personas operen de manera informal en el litoral, limitando el libre acceso a áreas de dominio público y obligando a los bañistas a alquilar sillas, mesas y otros ajuares para permanecer en la playa.
«La playa es un espacio de dominio público y ningún ciudadano debería ser obligado a pagar para utilizarla o impedírsele ingresar con sus propios equipos», expresó Ureña al reclamar una respuesta de las autoridades.
Recomendamos leer: Comercios de Juan Dolio amenazan con cerrar sus puertas por falta de regulación en la playa
Como parte de sus denuncias, el dirigente citó el caso de la regidora Kaira Vizcaíno, quien, según afirmó, fue presionada para retirar una silla de playa que llevó junto a su familia mientras disfrutaba de Juan Dolio.
Asimismo, hizo referencia a una denuncia pública realizada por el comunicador Sergio Carlo, quien aseguró a través de sus redes sociales que fue obligado a abandonar un área de playa tras intentar utilizar sus propios equipos.
Para la organización, ambos casos reflejan una problemática que, asegura, se ha convertido en una práctica recurrente en sectores como Playa Oasis y Playa Vicini.
La CNDH también manifestó preocupación por el deterioro del orden, la convivencia ciudadana, la seguridad y la imagen turística del destino, al considerar que la ausencia de una intervención coordinada ha favorecido el crecimiento de actividades informales que afectan tanto a visitantes como a empresarios del área.
En ese sentido, la entidad hizo un llamado al Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Migración, Armada de República Dominicana, Policía Turística (POLITUR), Ayuntamiento de Guayacanes y Ministerio Público para que ejecuten un operativo conjunto que permita restablecer el orden y garantizar el libre acceso a las playas.
Durante su intervención, Ureña también expresó preocupación por la presencia de ciudadanos haitianos realizando actividades comerciales informales en la zona y solicitó a la Dirección General de Migración verificar la situación migratoria de quienes operan en el lugar.
La organización reiteró que los primeros 60 metros de la franja costera constituyen un espacio de uso público y exhortó a las autoridades a garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las playas sin restricciones indebidas ni cobros que, según denunció, carecen de sustento legal.
Se trata de un periódico dirigido por profesionales que se han unido con la finalidad de llevar la información a tiempo y con apego a la ética, la responsabilidad y los aspectos de este tiempo que requiere el ejercicio periodístico.