InfoexpressPanorama Nacional. La decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia de no someterse al proceso de evaluación para continuar en sus cargos abre una pregunta que la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) considera inevitable: ¿qué está provocando que magistrados con años de experiencia prefieran retirarse antes que pasar por el mecanismo constitucional que debe evaluar su desempeño?
Luis Henry Molina Peña, Nancy Salcedo Fernández, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito Ramírez decidieron no participar en el proceso iniciado el pasado 7 de agosto por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se extenderá hasta el 23 de agosto.
La ROI, que asegura ha dado seguimiento a estos procesos desde 2023, aclara que no cuestiona el derecho de los magistrados a decidir sobre su futuro. Lo que pone sobre la mesa es lo que esas decisiones dicen del sistema.
Tres de los cuatro jueces que se retiran pertenecen a la carrera judicial. Se trata, además, de profesionales relativamente jóvenes, con años de formación, experiencia y capacitación acumulada dentro del Estado, y que salen con una pensión vitalicia.
Para la organización, no se trata simplemente de cuatro puestos que quedan disponibles. Es capital humano que el sistema judicial pierde en un momento en que, sostiene, el país necesita fortalecer su judicatura.
Pero hay una decisión que adquiere un peso particular. Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez son dos magistradas con trayectoria dentro del Poder Judicial. Su salida ocurre meses después de que el proceso de selección de diciembre de 2025 elevara a cinco el número de mujeres en la Suprema Corte.
La ROI señala que la participación femenina todavía está lejos del equilibrio que establece la Constitución y considera que Salcedo Fernández tenía condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte.Esa posibilidad también se va con su retiro.
Una evaluación que genera preguntas
La preocupación de la ROI no comenzó con estas cuatro renuncias.Durante el proceso anterior, la organización cuestionó cambios en las reglas de evaluación cuando el período de designación de los magistrados estaba prácticamente agotado, la falta de criterios suficientemente objetivos y verificables, la publicación tardía de las actas y la motivación que acompañó algunas decisiones de no ratificación.
También recordó los cuestionamientos planteados entonces por las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez Ortiz, esta última por el uso de criterios que consideró subjetivos y por una insuficiente motivación de la decisión de no ratificación. Ahora, la ROI vuelve sobre aquellas advertencias.
No atribuye una causa concreta a la decisión de los cuatro magistrados. Pero sostiene que el hecho de que jueces con una larga trayectoria hayan optado por retirarse antes de someterse a la evaluación es una señal que las instituciones encargadas de fortalecer la justicia deberían mirar con atención.
La pregunta de fondo es incómoda: si la carrera judicial está diseñada para formar, atraer y retener talento, ¿por qué algunos de quienes llegaron hasta la Suprema Corte están prefiriendo salir antes de ser evaluados?
La ROI también pone el foco en las actas de las sesiones del CNM de diciembre de 2025, correspondientes a la elección de jueces de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral.
Según la organización, esas actas fueron publicadas recientemente, después de solicitudes reiteradas de distintos sectores.
Pero, a su juicio, el problema no termina con hacer públicos los documentos.
Las actas permiten conocer el desarrollo formal de las sesiones y las decisiones adoptadas, pero no permiten saber por qué se escogió a unas personas y se descartó a otras, cómo fueron ponderados sus méritos ni cómo se aplicaron los criterios establecidos.
Y ahí coloca uno de sus principales cuestionamientos: la transparencia, sostiene, no consiste únicamente en publicar documentos, sino en permitir que la ciudadanía pueda entender por qué se toman las decisiones públicas.
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