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Panorama Nacional. Mientras las cifras permiten dimensionar el alcance de la trata de personas en República Dominicana, el mayor desafío continúa siendo uno que no aparece en las estadísticas: identificar a tiempo a las víctimas y desmantelar las redes que operan detrás de este delito.
Esa es una de las principales advertencias que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en el anexo de su Informe Anual 2025 sobre Trata de Personas, presentado con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.
El documento sostiene que, aunque cada año salen a la luz nuevos casos, aún persisten importantes obstáculos para detectar oportunamente a quienes son captados y explotados por organizaciones criminales que continúan aprovechando condiciones de vulnerabilidad para operar.
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La trata de personas, considerada una forma moderna de esclavitud, no solo priva a las víctimas de su libertad, sino también de la posibilidad de decidir sobre su propio proyecto de vida. Detrás de cada caso, señala el informe, existen estructuras que utilizan el engaño, las amenazas y las falsas promesas de empleo para captar personas y someterlas posteriormente a distintas formas de explotación.
La Comisión advierte que estas redes han diversificado sus mecanismos de captación. A las formas tradicionales se suma ahora el uso de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, utilizadas para contactar principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes mediante ofertas aparentemente legítimas.
El informe también alerta que la explotación continúa teniendo presencia en zonas turísticas, comunidades fronterizas y bateyes, donde confluyen factores como la pobreza, la migración irregular, la falta de documentación y otras condiciones que incrementan la vulnerabilidad de las personas frente a este delito.
Ante este panorama, la CNDH-RD considera que uno de los principales retos del Estado no es únicamente perseguir a los responsables cuando los casos ya han ocurrido, sino fortalecer los mecanismos que permitan identificar a las víctimas antes de que permanezcan durante años bajo el control de estas organizaciones criminales.
El organismo entiende que esa respuesta debe ir acompañada de una mayor capacidad para investigar el patrimonio económico de las redes dedicadas a la trata, ampliar los espacios de protección para las víctimas y garantizar asistencia médica, psicológica y jurídica durante todo el proceso.
«Cada víctima que no es identificada representa un fracaso institucional; cada tratante que permanece impune fortalece estas redes criminales», concluye el informe, al insistir en que la lucha contra la trata requiere una respuesta permanente basada en la prevención, la protección de las víctimas y una persecución penal efectiva.
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